jueves, 3 de diciembre de 2015

LOS CAMBIOS QUE NECESITAMOS EN EL ÁMBITO LABORAL


La informalidad genera falta de cobertura social (un solo empleo formal por cada 10 trabajadores), los trabajadores no son asegurados a los sistemas de salud ni tampoco aportan regularmente a un fondo de pensiones. Ante un accidente grave carecemos de atenciones médicas, pensiones de invalidez o sobrevivencia. Los hospitales públicos colapsan. Las normas para microempresas, mayor fiscalización, fomento para la contratación de jóvenes, programas públicos de contratación y capacitación laboral, no han sido suficientes ¿Qué reformas laborales necesita ejecutar el próximo Gobierno? Se lo contamos en este interesante artículo de Jorge Toyama.

LABORAL: LOS CAMBIOS QUE NECESITAMOS

La reforma del mercado laboral requiere del diálogo entre todos sus actores como condición indispensable. La propuesta de normas y políticas deben surgir de los acuerdos o acercamientos entre empresas y sindicatos.

De acuerdo con las últimas cifras dadas a conocer por el Ministerio de Trabajo, la informalidad laboral alcanza al 72% de los trabajadores; es decir, apenas 28% está en planillas y el resto en la informalidad.

Según Apoyo Consultoría, hoy se genera un solo empleo formal por cada 10 trabajadores (antes eran 6 posiciones por cada 10 trabajadores). La informalidad genera falta de cobertura social, los trabajadores no son asegurados a los sistemas de salud ni tampoco aportan regularmente a un fondo de pensiones. Ante un accidente o una enfermedad no hay atenciones médicas, pensiones de invalidez o sobrevivencia. Ante esa realidad, los hospitales públicos colapsan y aparecen las pensiones 65.

Normas para microempresas, mayor fiscalización, fomento para la contratación de jóvenes, programas públicos de contratación, capacitación laboral, etc., son esfuerzos que no han sido suficientes. ¿Qué hacer? Creemos que el diálogo social es la base de cualquier reforma. La gobernanza política debería tener como eje al Consejo Nacional de Trabajo, y las propuestas de normas y políticas deben nacer de los acuerdos o acercamientos y sindicatos.

En este entorno hay cinco aspectos por trabajar. El primero debe ser que el Estado garantice una cobertura mínima social para todos, más relevante que el “DNI” debe ser el “carnet del seguro”. Tres pisos de protección social: Empezando con un seguro mínimo universal del Estado, luego otro contributivo obligatorio y finalmente uno voluntario (como recomiendan el Banco Mundial y OIT).

Un segundo aspecto es la educación. En un país con tan baja productividad, deben existir créditos tributarios para la inversión en formación profesional, planes de reconversión laboral y generar más experiencias similares al Senati (vinculación entre el Estado y las empresas para la educación técnica).

Un tercer eje es la regulación laboral que podría tener un esquema que, por acuerdos colectivos o individuales, podría cambiarse y ser más simple. Las vacaciones podrían ser por días útiles, las boletas de pago no se firmarían (porque basta el depósito bancario y envío vía e-mail), los beneficios sociales podrían ser consolidados en el sueldo mensual, etc.

Un cuarto punto es generar incentivos para la formalidad. Solo las empresas con personal en planillas deberían ser contratistas del Estado o acceder a créditos con tasas preferenciales o participar en ferias y, en general, tener apoyo para su formalización. A su vez, como sucede en Chile, una empresa con multas laborales no podría ser contratista del Estado por dos años.

Finalmente, se deberían destinar recursos para que las entidades laborales puedan tener a los mejores técnicos, fondos para ejecutar las políticas y reducir en forma sostenida la informalidad laboral.

Fuente: Diario El Comercio.





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